Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, expresó su preocupación frente al retiro de Shell, sumándose a la lista de al menos seis grandes compañías que han abandonado operaciones en Colombia. Para el gremio, la situación evidencia una creciente dificultad para atraer y mantener inversionistas en proyectos energéticos estratégicos, especialmente en el campo del gas natural.

Aunque Castañeda resaltó que el país aún envía señales de compromiso hacia el desarrollo energético —lo cual podría abrir oportunidades para nuevos actores que asuman la participación dejada por Shell—, no ocultó el impacto negativo que supone la salida de una empresa de tal envergadura. “Es una noticia triste para el sector”, puntualizó.

Shell estaba vinculada a proyectos de exploración de crónchor, una actividad que demanda inversiones multimillonarias y una alta tolerancia al riesgo. En palabras del presidente de Campetrol, se trata de negocios que requieren empresas con músculo financiero capaz de invertir entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. “Necesitamos compañías grandes, con capacidad técnica y económica, que puedan sacar adelante estos desarrollos”, advirtió.

El retiro de Shell también deja en evidencia la creciente incertidumbre regulatoria y política que enfrentan las compañías extranjeras en Colombia. Su decisión no solo implica una pérdida de capital, sino también de experiencia técnica y conocimiento especializado, elementos clave para consolidar una matriz energética más diversificada.

La industria energética colombiana se encuentra en una encrucijada: necesita inversión extranjera, pero enfrenta barreras cada vez más complejas para atraerla. Mientras tanto, la salida de gigantes como Chevron, Exxon Mobil y ahora Shell, pone en duda la sostenibilidad de proyectos clave para el futuro energético del país.

En Colombia ya hay más hogares pagando arriendo que con vivienda propia

El sueño de tener casa propia, que por décadas fue símbolo de estabilidad para los colombianos, parece estar dando un giro inesperado. Por primera vez, desde 2024, hay más hogares arrendando que habitando una vivienda en propiedad. Así lo revela un informe de BBVA Research que retrata una transformación silenciosa, pero profunda, en el comportamiento habitacional del país.

Hoy, 7,3 millones de hogares viven en arriendo, frente a 7,1 millones que cuentan con una vivienda propia. La cifra no solo marca un hito, sino que ubica a Colombia como el país con mayor proporción de arrendatarios en América Latina, con un 40 % de sus hogares bajo esta modalidad.

Las causas no son pocas. A la caída del poder adquisitivo se suma el encarecimiento del crédito, la reducción de subsidios y la incertidumbre económica, que han enfriado la compra de vivienda, especialmente entre los estratos más vulnerables. En apenas dos años, las ventas de viviendas de interés social (VIS) por cada 1.000 hogares pobres pasaron de 33 a solo 18. Un desplome que no solo refleja la contracción del mercado, sino también la creciente imposibilidad de muchos colombianos para acceder a una vivienda formal.

La industria constructora también ha ajustado su ritmo. En 2024, los lanzamientos de nuevos proyectos cayeron un 13,5 %, mientras que las iniciaciones —es decir, obras que realmente arrancan— se redujeron en 7,3 %. Hoy, ningún constructor se arriesga sin al menos el 80 % de las preventas aseguradas, un cambio drástico respecto a 2018, cuando bastaba con el 33 %.

Mientras tanto, los arriendos no paran de subir. Con menos oferta disponible, tanto en vivienda nueva como usada, los precios de
 

renta llevan casi dos años por encima de la inflación. En contraste, el precio de venta de vivienda nueva ha bajado en términos reales en ciudades como Bogotá y Cali. Medellín, con un leve crecimiento real, es una excepción.

Este contexto ha disparado la rentabilidad del alquiler, atrayendo a inversionistas, sobre todo en zonas turísticas donde proliferan las llamadas “viviendas de corta estadía”. Sin embargo, el país aún no despega en el modelo multifamily, donde empresas administran edificios completos para arriendo. A diferencia de México o Chile, Colombia carece de regulación específica, y la Ley 820 no contempla esta figura.

A pesar de todo, el mercado no está muerto. Solo está en pausa. Las tasas hipotecarias han bajado, y la demanda sigue latente. Pero sin una política clara y sostenida desde el Estado, el déficit habitacional —más cualitativo que cuantitativo— seguirá siendo una herida abierta, sobre todo en regiones olvidadas como Chocó o Vichada.

EE.UU. lanza nueva alerta de viaje por violencia en Colombia

La Embajada de Estados Unidos en Colombia volvió a encender las alarmas el lunes al emitir una advertencia de seguridad para uno de los departamentos más visitados del país: el Valle del Cauca. El mensaje, aunque breve, no deja lugar a dudas sobre la creciente preocupación del gobierno norteamericano por el recrudecimiento de la violencia en varias zonas del territorio colombiano.

La nueva alerta llega días después de un ataque con explosivos contra un CAI en el departamento, un hecho que puso en evidencia la compleja situación de orden público que enfrenta la región. “Replantéese viajar a esta área”, fue la recomendación tajante publicada por la embajada en su sitio web oficial. “Crímenes violentos, como robos armados y asesinatos, son comunes. Grupos terroristas están activos en algunas áreas”, añadieron.

A raíz de este contexto, algunos empleados del gobierno estadounidense que trabajan en Colombia tienen ahora prohibido viajar al Valle del Cauca. Esta medida se suma a restricciones previas para otras regiones como Arauca, Cauca (excepto Popayán) y Norte de Santander, que ya están bajo alerta de nivel 4, la más alta del Departamento de Estado, con una recomendación clara: no viajar.

Lo más preocupante es que esta advertencia no se limita a zonas remotas o fronterizas. El Valle del Cauca, con Cali como su capital, es un centro urbano y turístico de gran relevancia para Colombia. La inclusión del departamento en esta categoría refleja el nivel de tensión que se está viviendo y la percepción internacional sobre los riesgos en el país.

El anuncio también se da tras una ola de atentados, asonadas y hostigamientos contra la Fuerza Pública en distintos puntos del país.

El Departamento de Estado mantiene a Colombia en el nivel 3 de su escala de advertencias de viaje, lo que implica reconsiderar desplazamientos por motivos de seguridad relacionados con crimen, terrorismo, disturbios civiles y secuestros. Además, recomienda a los ciudadanos estadounidenses revisar cuidadosamente la advertencia completa antes de viajar.

Las recomendaciones incluyen evitar manifestaciones, no mostrar signos de riqueza, no desplazarse de noche, adoptar un perfil bajo y mantenerse informado por medios locales. También se sugiere a los viajeros inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir alertas, contar con seguros médicos y de evacuación, y preparar un plan de emergencia personal.

El mensaje de la embajada resuena no solo entre los turistas, sino también entre autoridades locales que enfrentan una difícil tarea: garantizar la seguridad de su población y recuperar la confianza internacional.