“Nosotros no vamos a retroceder”, afirmó Petro, quien también advirtió que si estos grupos no se acogen a la ley y abandonan las armas, se conformará una alianza internacional para desmantelarlos. Incluso mencionó que llegarán hasta sus “aliados en Dubái”, dejando claro que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado trasciende fronteras.

El ‘plan pistola’, como se ha llamado a la estrategia violenta empleada por estos grupos para asesinar sistemáticamente a uniformados, recuerda los peores episodios del país en épocas de Pablo Escobar. Las recientes acciones violentas han tenido como epicentros los departamentos de Antioquia, Córdoba, Bolívar y Guaviare, y estarían motivadas por la muerte de alias Chirimoya, uno de los hombres cercanos a alias Chiquito Malo, cabecilla del Clan del Golfo.

La situación se agravó con una emboscada en Guaviare que cobró la vida de siete soldados del Batallón de Infantería N.º 19 Joaquín París. El atentado fue atribuido a la Compañía Isaías Carvajal del Bloque Jorge Briceño, una disidencia de las FARC comandada por alias Calarcá. Lo paradójico es que el ataque ocurrió justo una semana después de que Petro firmara el decreto que suspendía operaciones ofensivas contra esa estructura como parte de un proceso de distensión. El presidente solicitó ahora que una comisión independiente investigue los hechos.

“Una comisión debe examinar las circunstancias del ataque en Guaviare a la luz de la decisión de disminuir el cese al fuego”, dijo Petro, dejando entrever que la confianza depositada en algunos sectores armados fue traicionada.

Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables de estos asesinatos, y hasta 20 millones por datos que ayuden a evitar nuevos ataques.

Mientras tanto, el país se enfrenta al dolor de las pérdidas. Detrás de las cifras hay nombres, familias y sueños truncados. Hombres y mujeres de la Policía y el Ejército asesinados, muchos de ellos fuera de servicio, víctimas de una estrategia cobarde que busca intimidar al Estado y frenar su presencia en zonas claves.

La pregunta que queda en el aire es si esta vez, con decisiones firmes y coordinación entre las instituciones, el Estado logrará contener la ofensiva criminal sin alimentar más la espiral de violencia. Por ahora, el presidente ha dejado claro que no habrá marcha atrás.

Cámara aprueba ley que dignifica la labor de los concejales municipales

Con una amplia mayoría, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el informe de conciliación del proyecto de ley que busca fortalecer las corporaciones públicas municipales y reconocer formalmente el trabajo de los concejales en Colombia. La iniciativa ahora queda en manos del presidente Gustavo Petro para su sanción y entrada en vigor.

Se trata de un proyecto de ley orgánica que apunta a mejorar la estructura, el funcionamiento y las condiciones laborales de los integrantes de los concejos municipales y de las Juntas Administradoras Locales (JAL), órganos esenciales para la representación ciudadana y la vigilancia de la gestión pública en cada municipio.

Corte avala parcialmente la conmoción interior en el Catatumbo

La Corte Constitucional avaló de forma parcial el decreto con el que el Gobierno nacional declaró el estado de conmoción interior en el Catatumbo y zonas vecinas, una medida tomada en respuesta a la agudización de la violencia y la crisis humanitaria en la región. El fallo, emitido el pasado 24 de abril, establece límites claros al alcance del decreto, priorizando la protección de los derechos fundamentales de la población y el fortalecimiento de la fuerza pública.

El alto tribunal consideró que el Decreto Legislativo 62 de 2025 es constitucional únicamente en lo que respecta a la respuesta ante el incremento de ataques armados por parte del ELN, disidencias de las FARC y otras estructuras criminales, que han intensificado el conflicto en el noreste del país. La Corte subrayó que estas medidas deben aplicarse de forma excepcional y estrictamente para atender la crisis actual.

Entre los puntos aprobados se encuentran aquellos dirigidos a reforzar la presencia del Estado en la región, atender a las víctimas de desplazamientos forzados y confinamientos, y garantizar la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz, que han sido blanco de amenazas y ataques.

Sin embargo, el fallo fue enfático en rechazar la utilización del estado de excepción para abordar problemáticas estructurales que ya existían antes de la declaratoria, como el narcotráfico, los cultivos ilícitos o el atraso en obras de infraestructura. La Corte recordó que estas situaciones requieren soluciones de fondo a través de políticas públicas, no de medidas extraordinarias.

El fallo marca un precedente importante sobre los límites del poder ejecutivo en situaciones de emergencia, al reafirmar que las medidas excepcionales no pueden convertirse en atajos para corregir deficiencias históricas del Estado. Mientras tanto, en el Catatumbo, las comunidades esperan que esta acción contribuya, al menos parcialmente, a aliviar una violencia que no da tregua.