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Preocupación por
falta de claridad en intervención a AIR-E
La Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios (Superservicios) fue blanco de críticas durante
una mesa técnica convocada por la Procuraduría General de la Nación, en
seguimiento a la intervención que realizó a la empresa AIR-E S.A.S.
E.S.P., encargada de la distribución y comercialización de energía
eléctrica en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El encuentro, que también contó con la
participación de la Contraloría General de la República y representantes
de la misma empresa AIR-E, buscaba esclarecer los motivos y acciones
tomadas por Superservicios desde que asumió el control de la
electrificadora. Sin embargo, lejos de resolver dudas, la entidad dejó
serias preocupaciones entre los órganos de control.
Según el Ministerio Público, la Superservicios no presentó informes
financieros sólidos ni documentación clara sobre el estado actual de las
deudas de la compañía con sus acreedores. Tampoco ofreció información
detallada sobre los activos, patrimonio o el seguimiento realizado a la
empresa desde su intervención.
Uno de los cuestionamientos más fuertes vino por la ausencia de un plan
definido para garantizar la prestación continua y eficiente del
servicio, así como la falta de una medición concreta de los impactos
generados por la toma de control. La Procuraduría también denunció que
la Superservicios no ha cumplido con los requerimientos del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca sobre los análisis técnicos y financieros
que justificarían la intervención.
“La falta de informes consolidados, la ausencia de propuestas claras de
reorganización o liquidación, y la omisión de acciones que garanticen la
continuidad del servicio representan un riesgo grave para la estabilidad
del sector eléctrico”, advirtieron las Procuradurías Delegadas para
Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, y la Primera para la
Vigilancia Preventiva de la Función Pública.
La intervención a AIR-E ha generado una cadena de incertidumbre que
podría desestabilizar el sistema de pagos entre los actores del sector
energético, con posibles repercusiones en la calidad y continuidad del
servicio para millones de usuarios en la región Caribe y en el país en
general.
Ante esta situación, la Procuraduría ha convocado una nueva mesa técnica
para el próximo 28 de mayo, y ha solicitado información adicional antes
del 16 de este mes, con el fin de ejercer control preventivo y
garantizar la legalidad y eficiencia de las decisiones administrativas
que afectan el servicio público de energía.
JEP acreditó al río
Magdalena como víctima y sujeto de derechos
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
acreditó al río Magdalena como víctima y sujeto de derechos en el marco
del conflicto armado colombiano. Esta acreditación se da en el contexto
del Subcaso Magdalena Medio, parte del Caso 08, que investiga crímenes
cometidos por miembros de la fuerza pública, paramilitares y otros
actores en esta región.
La solicitud para reconocer al río
Magdalena como víctima fue presentada el 5 de diciembre de 2024 por
cinco organizaciones de víctimas y derechos humanos: la Corporación
Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), la Unión
Sindical Obrera (USO), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y el Programa de
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio[2]. Estas organizaciones
documentaron diversas
afectaciones que sufrió el río durante el
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conflicto, las cuales fueron
reconocidas por la JEP y otras autoridades judiciales.
Entre las graves afectaciones
señaladas están la desaparición forzada de personas, la contaminación
por hidrocarburos debido a atentados a la infraestructura petrolera,
fumigaciones con glifosato, vertimientos de desechos por explotación
ilegal de oro y carbón, y la ruptura del tejido social de las
comunidades que dependen del río. Estas violencias dañaron el ecosistema
y afectaron profundamente a las personas que viven en sus orillas.
La Sala de Reconocimiento de la JEP fundamentó su decisión en el
reconocimiento de la naturaleza y los territorios como víctimas del
conflicto armado, una perspectiva que la JEP ha venido adoptando desde
2019, cuando acreditó al río Cauca como víctima. Este enfoque implica
que la naturaleza no solo sufre daños, sino que tiene derechos que deben
ser protegidos, restaurados y garantizados para evitar la repetición de
estos hechos.
Un ejemplo claro de la violencia contra el río Magdalena es la
utilización del afluente por grupos paramilitares para ocultar
evidencias, como el lanzamiento de cuerpos, torturas y ejecuciones,
según una sentencia de Justicia y Paz contra exjefes paramilitares.
Se han recuperado al menos 320 cuerpos en el río desde 1982, aunque la
cifra real podría ser mucho mayor, pues el río fue usado como una fosa
común para borrar rastros de crímenes.
La magistrada Catalina Díaz, relatora del Subcaso Magdalena Medio,
destacó que esta acreditación también impulsa la búsqueda de personas
desaparecidas en el río, ordenando a las instituciones públicas a actuar
en este sentido. De esta forma, la JEP no solo reconoce el daño
ambiental y social, sino que avanza en la justicia para las víctimas
humanas.
Este reconocimiento es un paso fundamental para la justicia restaurativa
en Colombia, pues implica que el río Magdalena, como sujeto de derechos,
debe ser protegido y reparado. Además, fortalece la memoria histórica y
la reconciliación, al visibilizar el impacto del conflicto armado en los
ecosistemas y las comunidades que dependen de ellos.
Un menor es
reclutado cada dos días desde la paz de 2016, según la JEP
Los grupos armados reclutan a un
promedio de un menor cada dos días en Colombia desde la firma del
acuerdo de paz de 2016 con la entonces guerrilla de las FARC, según un
informe de la justicia especial publicado este viernes.
El reclutamiento forzado de niños ha sido una de las violaciones de
derechos más graves en seis décadas de conflicto armado y no cedió pese
al pacto de desarme de la guerrilla.
"Después de la firma del acuerdo de paz en 2016 al menos 1.494 niños,
niñas y adolescentes habrían sido víctimas de reclutamiento forzado",
dijo en su informe la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), surgida
del pacto.
Las estadísticas con corte al 10 de abril de 2025 muestran cómo
rebeldes, paramilitares y narcos han usado a miles de menores como
combatientes, mensajeros o espías, exponiéndolos a violencia extrema.
Las redes sociales son el gancho
principal en las zonas donde "el conflicto persiste". Utilizan música y
tendencias virales con mensajes que ensalzan "la vida guerrillera".
Las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco son las que más
recurren a esta estrategia.
"Lo hacen a través de contenidos que exaltan el poder armado, el
narcotráfico y la vida en campamentos ilegales", sostiene el documento.
Cauca (suroeste), plagada de narcocultivos, es la región con mayor
probabilidad de "ciberreclutamiento" de menores, seguido por Huila (sur)
y Nariño (suroeste).
Las antiguas FARC son las principales responsables del
delito, según la JEP.
Entre 1996 y 2016 la guerrilla reclutó "entre 19.253 y 23.811 niños y
niñas". De ellos, el 30% tenía menos de 15 años pero la
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mayoría, un 53%, eran adolescentes de
entre 15 y 17.
"Utilizaron sistemáticamente para el
desarrollo del conflicto armado a niños y niñas (...) como parte de su
política expresa y formal de reclutamiento", acusó el organismo.
La JEP investiga los mayores crímenes del conflicto y una vez dicte las
primeras condenas impartirá sanciones alternativas a la cárcel para los
máximos responsables a cambio de que cuenten la verdad y reparen a las
víctimas.
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas registró a
finales de enero al menos 3.201 menores desaparecidos por el conflicto.
Con las negociaciones de paz
estancadas bajo el gobierno de izquierda de Gustavo Petro, Colombia vive
su peor repunte de violencia desde la firma del acuerdo.
El conflicto armado impulsado por el
narcotráfico deja casi 10 millones de víctimas, la mayoría desplazados.
Por lluvias declaran
calamidad pública en Barrancabermeja y Neira
Las autoridades de Barrancabermeja
(Santander) y Neira (Caldas) declararon la calamidad pública ante los
efectos provocados por la primera temporada de lluvias del año 2025, que
ha ocasionado deslizamientos de tierra, inundaciones y daños
estructurales en distintas zonas urbanas y rurales.
Barrancabermeja: 300 familias en riesgo por emergencia invernal
Mediante el Decreto 209 de 2025, la Alcaldía Distrital de
Barrancabermeja formalizó la declaratoria de calamidad pública, con el
propósito de garantizar una atención integral y oportuna a las personas
afectadas por los fenómenos climáticos recientes.
Según reportes oficiales, cerca de 300 familias de la Comuna 6 se
encuentran en condición de vulnerabilidad ante la posibilidad de nuevas
emergencias. La medida responde, principalmente, a un alud de tierra
ocurrido en el barrio Kennedy II, donde cuatro familias resultaron
gravemente afectadas.
Como parte de las acciones inmediatas, la Administración Distrital
entregó kits alimentarios, colchonetas y plásticos protectores a los
damnificados.
“Ninguna de las familias que desafortunadamente sufrieron de manera
directa este impacto, hoy se encuentran pernoctando al interior de las
viviendas”, indicó Ricardo Andrés Herrera, director (e) de Gestión del
Riesgo y Desastres.
Además del deslizamiento en Kennedy II, una visita técnica reciente
identificó a diez familias adicionales afectadas por inundaciones.
Frente a este panorama, se convocó una reunión extraordinaria del
Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, donde se definirá un plan de
acción a corto, mediano y largo plazo, enfocado en las fases de
respuesta, estabilización y rehabilitación de las zonas impactadas.
La declaratoria estará vigente durante seis meses y contempla la
ejecución de un plan específico para salvaguardar la vida y el bienestar
de la población.
Neira también adopta la medida por emergencias asociadas a la lluvia
De manera similar, el municipio de Neira, en el departamento de Caldas,
también declaró la calamidad pública tras la realización de un Consejo
Extraordinario de Gestión del Riesgo, como respuesta a las afectaciones
registradas por las precipitaciones de las últimas semanas.
“Se reportan 8 familias damnificadas por movimientos en masa y más de 20
deslizamientos de diversas magnitudes. Esta medida busca priorizar la
atención de las emergencias y prevenir futuros riesgos para los
habitantes del municipio”, señaló el alcalde Jhon Jairo Castaño Flórez.
Las lluvias han generado daños en vías rurales y urbanas, así como un
incremento significativo en los niveles de ríos y quebradas, lo que ha
llevado a las autoridades a mantener un monitoreo constante en las zonas
de mayor riesgo.
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