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Petro arremete
contra nueva ponencia de la reforma laboral: “Es una
contrarreforma”
A solo horas de que
se radique la ponencia mayoritaria de la reforma laboral en la
Comisión Cuarta del Senado, el presidente Gustavo Petro expresó
su inconformismo con el nuevo texto, calificándolo como “toda
una contrarreforma”. A través de su cuenta en X, el mandatario
aseguró que así “están acabando la reforma laboral”, un proyecto
que fue uno de los pilares de su campaña presidencial.
Petro cuestionó con dureza que el nuevo articulado excluya del
reconocimiento de recargos nocturnos al 80 % de los
trabajadores, así como la eliminación del pago de salarios en
días festivos. Pero sus reparos no pararon ahí: denunció también
que la ponencia “se va contra la mujer” y “no permite contrato
laboral para los jóvenes”.
El presidente no fue el único en alzar la voz. Las centrales
obreras más representativas del país, la CUT y la CGT, también
se pronunciaron con firmeza en contra del nuevo texto, afirmando
que introduce “medidas regresivas” en comparación con lo
aprobado anteriormente en la Cámara. En un comunicado conjunto,
señalaron que estas modificaciones “destruyen los derechos que
se intentaban recuperar” y anunciaron el retiro de su apoyo a la
iniciativa.
Además, las centrales acusaron a la mayoría de senadores de
estar del lado de la oligarquía y no del pueblo trabajador. En
ese mismo sentido, respaldaron la posibilidad de una consulta
popular como el “mejor mecanismo de participación ciudadana”,
una propuesta que ya ha sido defendida por el Gobierno en
anteriores ocasiones.
Desde el Congreso, el oficialismo también mostró su malestar. El
ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió que “una
reforma peluqueada no es reforma”. Por su parte, la senadora
Aída Avella (Pacto Histórico) no descartó presentar una ponencia
alternativa ante lo que consideró un retroceso para los derechos
laborales en el país.
La discusión de esta ponencia, que cuenta con el respaldo de la
senadora Angélica Lozano, presidenta de la comisión, está
prevista para el próximo martes. El debate promete ser uno de
los más intensos de la legislatura, con el futuro de la reforma
laboral pendiendo de un hilo entre intereses políticos,
gremiales y sociales.
Uribe arremete
contra la consulta de Petro y plantea una coalición opositora de
base popular
Desde Cali, en el
marco del quinto foro de precandidatos presidenciales del Centro
Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una fuerte
crítica contra la consulta popular que impulsa el Gobierno de
Gustavo Petro, calificándola como una “amenaza a las
instituciones”. A juicio del
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exmandatario,
la propuesta no busca otra cosa que desconocer al Congreso y “sacarse el
clavo” tras el hundimiento de su reforma en la Cámara Alta.
Uribe, con su habitual tono
directo, aseguró que el oficialismo está “engañando a los trabajadores”
con promesas que terminarían perjudicando al empleo. Cuestionó
especialmente la idea de que el Estado produzca medicamentos, alertando
sobre el riesgo de un “monopolio estatal” en el sector farmacéutico.
“Eso es seducir con el discurso, pero destruir en la práctica”,
advirtió.
Durante el evento, que reunió a los cinco precandidatos del partido
—Paloma Valencia, Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Andrés Guerra y
Miguel Uribe Turbay—, el expresidente aprovechó para delinear las líneas
generales de lo que sería una propuesta de gobierno en caso de regresar
al poder. Entre sus promesas destacó una nueva reforma tributaria
orientada a eliminar el impuesto al patrimonio, reducir cargas fiscales
y aliviar la situación de los pequeños comerciantes.
En su discurso, Uribe también lanzó una crítica al discurso oficialista
de paz. Afirmó que el presidente Petro está “invitando maliciosamente a
la violencia” y que con sus políticas busca “paralizar a las Fuerzas
Armadas” y dividir al país en bandos. “Nosotros queremos un solo bando:
el de la Constitución, la ley, la justicia y nuestras Fuerzas Armadas”,
afirmó con firmeza.
El Centro Democrático, que ha venido consolidando su papel como
principal fuerza de oposición, también manifestó su intención de formar
una gran coalición de cara a las elecciones de 2026. Uribe subrayó que
esa unidad debe construirse “desde la base popular” y no a puerta
cerrada entre élites políticas. “Queremos escuchar el clamor de los
colombianos en todo el país”, dijo, abriendo incluso la puerta a figuras
como Germán Vargas Lleras.
Así, entre críticas a las propuestas del Gobierno y llamados a la
unidad, el uribismo continúa afinando su estrategia electoral con miras
a recuperar terreno político y reconectar con una ciudadanía cada vez
más polarizada.
Divisiones en el Pacto
Histórico por listas al Congreso: Comienza la carrera electoral de 2026
A pesar de que la agenda
política nacional gira en torno a la reforma laboral y a la consulta
popular promovida por el presidente Gustavo Petro, dentro del Pacto
Histórico se libra otra batalla silenciosa pero crucial: la definición
de las listas al Congreso para las elecciones de 2026. El sueño de
consolidar un único partido de izquierda aún no se concreta, y las
tensiones internas comienzan a aflorar.
El fallido intento de
aprobar la reforma del transfuguismo impidió una fusión rápida de las
colectividades progresistas. Ahora, todos los ojos están puestos en el
Consejo Nacional Electoral, que tendrá la última palabra sobre la
viabilidad jurídica del partido único. Mientras tanto, los partidos que
conforman el Pacto Histórico se preparan para una competencia intensa
por los puestos en las listas al Senado y a la Cámara de Representantes.
Aunque existe consenso sobre listas cerradas y paridad de género, la
verdadera disputa está en la ubicación de los candidatos. Cada sector
exige reconocimiento. El Polo Democrático reclama protagonismo por su
trayectoria como partido tradicional de izquierda. La Colombia Humana,
que avaló a Petro en
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2018 y 2022, también exige espacio prioritario. Y desde
la Unión Patriótica recuerdan su lealtad histórica al actual mandatario.
Una consulta interna, programada para el 26 de octubre,
podría resolver parte del conflicto. Allí se definirán los nombres y el
orden de los candidatos a partir del segundo lugar en cada lista, ya que
la cabeza la asignará directamente el presidente Petro. Su liderazgo
será clave, pues muchos congresistas actuales carecen de respaldo
electoral propio y llegaron gracias al impulso presidencial.
Las inscripciones para la consulta serán en agosto, y ya
varios nombres suenan con fuerza: María Fernanda Carrascal y David
Racero quieren dar el salto al Senado, mientras que Heráclito Landinez
aspira a mantenerse en la Cámara por Bogotá. María José Pizarro podría
repetir si no opta por la carrera presidencial.
Sin embargo, hay más aspirantes que curules disponibles. Y aunque
algunos dentro del Pacto Histórico hablan con optimismo sobre el
crecimiento electoral, analistas advierten lo contrario: el desgaste del
gobierno, sumado al voto castigo, podría reducir el número de escaños.
Si no logran unificar su estrategia, muchas colectividades podrían
perder incluso su personería jurídica.
El panorama es complejo, y
lo que comenzó como una coalición esperanzadora enfrenta ahora su mayor
prueba: lograr el equilibrio entre unidad política y representación
equitativa. Una tarea que, si no se maneja con cuidado, podría fracturar
aún más a la izquierda colombiana.
Sectores políticos se
enfrentan por decisión del Gobierno respecto a la ZUT para las FARC
La creación de una Zona de
Ubicación Temporal (ZUT) para el Frente 33 del Estado Mayor de las FARC,
decretada por el presidente Gustavo Petro en zona rural del municipio de
Tibú, Norte de Santander, ha generado una fuerte controversia en el
panorama político nacional. Mientras algunos sectores celebran la medida
como un paso hacia la paz, otros la califican como una grave concesión a
la criminalidad.
El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Carlos Felipe
Quintero, fue uno de los primeros en rechazar públicamente el decreto.
“Es un error, es claudicar con el terrorismo”, afirmó. Según Quintero,
el Frente 33 no ha dado señales claras de querer desmovilizarse y, por
el contrario, continúa involucrado en delitos como la extorsión y el
asesinato. “No podemos ceder territorio a quienes siguen sembrando
miedo”, agregó.
En contraste, desde el Pacto Histórico, el representante Alejandro
Ocampo celebró la creación de la ZUT, asegurando que la decisión abre
una oportunidad real para avanzar en la llamada “paz total”. “Son
vientos de paz. Esto traerá esperanza a muchas familias en Norte de
Santander”, señaló.
El decreto establece que la zona especial tendrá una duración inicial de
siete meses y contempla un plazo de 45 días para que los integrantes del
grupo armado lleguen voluntariamente al sitio asignado. La medida busca
facilitar el diálogo y la concentración de los combatientes mientras
avanzan las negociaciones de paz.
Sin embargo, el debate
político está lejos de terminar. La ZUT de Tibú se convierte en un nuevo
punto de tensión entre quienes respaldan la estrategia del Gobierno y
aquellos que temen que se premie a quienes aún mantienen armas en su
poder.
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